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Desde el Legislativo exigen explicaciones y determinaciones.
Surge una nueva interrogante en torno al informe de combustible. El punto más preocupante que se plantea es el siguiente: se habla de un vehículo que habría sido siniestrado en un momento determinado, y sin embargo, según la información que llega, se habría seguido cargando combustible al mismo. De confirmarse esta situación, estaríamos ante un hecho de una gravedad extrema que requiere que se tomen medidas firmes y adecuadas, pero siempre con el rigor que el caso merece.
Arroyo Al Día mantuvo una comunicación con el concejal Matías Attoresi: “Más allá de los comentarios y las polémicas que han surgido en los últimos días, es fundamental recordar el compromiso que tenemos con la comunidad: siempre hay que ser mesurado y responsable al momento de transmitir la información que recibimos, antes de difundirla a la población. Calificar de entrada a personas de ladrones o utilizar términos duros y definitivos apenas se recibe una primera versión de los hechos, resulta irresponsable y no contribuye a esclarecer lo sucedido. En esta línea, coincido plenamente con lo expresado por el Presidente en la sesión de ayer: es el Poder Ejecutivo quien deberá ratificar o rectificar oficialmente esta información. Ese es el camino correcto: no sacar conclusiones precipitadas basadas solo en respuestas preliminares o en rumores que circulan en el debate público”, señaló el edil.
“También se ha señalado la posible existencia de errores en la elaboración de los informes: se menciona que varios datos aparecen idénticos en distintos registros, lo que podría indicar una práctica de ‘copiar y pegar’ al momento de cargar la información en las planillas o en el sistema. Si bien esto no justifica ninguna irregularidad, sí abre la posibilidad de que se trate de fallas al momento de volcar los datos, una equivocación grave y poco profesional, pero distinta a una acción deliberada de fraude. Lo que corresponde hacer ahora es indagar en profundidad: convocar al intendente al Concejo para que brinde las explicaciones detalladas que se requieren, y revisar cada uno de los registros con cuidado”.
“Si después de este análisis se confirma que se cargó combustible a un vehículo que estaba siniestrado —por ejemplo, si no contaba con tanque o estaba fuera de servicio—, entonces sí habrá que recurrir a todas las herramientas legales disponibles para hacer responsables a quienes correspondan. Pero hasta que no se realicen estas averiguaciones y se cuente con información verificada, la prioridad es no generar alarma innecesaria ni difundir juicios apresurados. La transparencia se construye con datos ciertos, con paciencia y con el compromiso de no engañar a los vecinos”, sostuvo Attoresi.
Agregó además que “no se trata solo de si hay o no errores en el informe, sino de cómo funciona el circuito de la información, quién revisa cada paso y dónde empieza y termina la responsabilidad de cada actor. Es cierto: estamos ante un documento oficial que ha ingresado al Legislativo, y eso hace que sea mucho más complejo que una simple confusión o un equívoco aislado — no basta con decir “fue un error” y dejarlo ahí, porque ya forma parte de los registros públicos. Una situación similar la viví cuando me tocó reemplazar en la intendencia a Nizar Esper e ilustra perfectamente cómo funciona este esquema: al llegar, me encontré con que se daba por hecho que debías firmar sin revisar, porque “ya lo habían mirado otros”. Y mi respuesta fue la más lógica y responsable: los que preparan los papeles son el gabinete de quien está a cargo, no el de uno mismo, y la confianza no exime de control”.
“Eso es exactamente lo que aplica al caso del intendente: nadie espera que él esté personalmente cargando combustible en los camiones, ni que revise cada uno de los datos de cada planilla que llega a su escritorio. Para eso designa a las personas en cada área — los secretarios, los responsables de compras, de patrimonio — y delega esa tarea, confiando en que ellos harán la revisión previa correcta. Cuando le llega un documento para firmar, se supone que ya ha sido verificado por quienes tienen la obligación de hacerlo. Pero esa confianza no elimina la responsabilidad final. Sí corresponde preguntar: ¿hasta dónde llega la obligación del intendente? Si el documento lleva su firma, es él quien responde ante la comunidad por la veracidad de lo que allí se dice. Y si hubo un error — o algo peor —, su tarea indispensable es identificar quién falló en el camino: quién cargó los datos, quién los revisó y los dio por buenos, quién le presentó un documento con información incorrecta para que lo firmara. Y ahí sí, tomar las medidas que correspondan: corregir lo que haya que corregir, pedir explicaciones y si es necesario, aplicar las sanciones que correspondan a quien sea responsable”, agregó.
“Como Concejo, nuestro rol no es decirle al intendente qué decisión tomar sobre su equipo, ni señalar de antemano a quién debe “rodar la cabeza”. Nuestra función es exigir que se esclarezca todo el circuito: cómo se armó ese informe, quién lo avaló antes de que llegue a su firma, y qué medidas se tomarán para que no vuelva a ocurrir. Después, será el propio intendente quien debe dar las respuestas sobre quién asumirá la responsabilidad interna, porque él es quien designó a esas personas y quien debe garantizar que la gestión funcione con rigor. No se trata de culpar a ciegas, pero tampoco de diluir las obligaciones: la confianza en el equipo no quita la responsabilidad de quien dirige, y la firma en un documento público es el compromiso de que lo que dice es verdad”, señaló el concejal oficialista.
“Hay una verdad simple pero fundamental que no podemos perder de vista: cualquier inversión en sistemas de control y seguimiento siempre será mucho menor que el costo de las pérdidas que evita. Es una lección que ya hemos tenido que aprender con hechos concretos, y que hoy vuelve a aparecer en esta discusión”, aseguró el edil. “Seguramente dentro de un tiempo este tema dejará de estar en la primera plana y se irá olvidando, tal como hoy muchos ya no recuerdan aquel episodio del tanque de gasoil vacío: miles de litros que se perdieron por un derrame, que terminaron en canaletas, zanjas o la red de cloacas, sin que hubiera rastro de que hubieran sido cargados en ningún vehículo. Una pérdida enorme de recursos públicos que se esfumó, y que no habría pasado si contáramos con herramientas que nos permitan saber en todo momento dónde está y a dónde va cada litro de combustible. Nuestro compromiso en con la gente que nos puso en esta banca”, cerró Attoresi.
