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La Jueza de Faltas, Julia Acosta, se refirió a la clausura preventiva que ordenó sobre una empresa productora de alimentos por falta de habilitación. El Intendente Nizar Esper, mediante un Decreto, levantó la clausura priorizando las fuentes laborales.
“Me notificaron de un Decreto del Poder Ejecutivo que está basado en la necesidad de continuar con la producción. Me manifiestan que continúe con la causa pero sin el expediente es imposible. Yo hice mi trabajo: había artefactos ruidosos tanto por el funcionamiento como por la ubicación y la medida preventiva se tomó después de 5 meses de avisar al Ejecutivo. Cuando un empleador cumple con las leyes laborales, los empleados no tendrían que tener ningún riesgo si se para la producción porque el dueño no cumple con su responsabilidad. El Ejecutivo está por encima de mí y dice que ese lugar está en condiciones de funcionar. Creo que ningún funcionario va a tomar el riesgo de decir esto, más aun tratándose de una empresa de alimentos. Seguro tendrá como respaldarlo” expresó en disidencia con la decisión tomada con el Gobierno.
En relación a las actas labradas a comercios durante el censo por infringir la ley que prohibía la actividad comercial hasta las 20, la Jueza de Faltas expresó que “no existe ninguna notificación oficial que establezca que el juzgado de faltas tenga competencia para resolver las actas labradas” y comparó el caso con lo sucedido durante la cuarentena.
Como opinión personal expresó que “es una locura cerrar un día entero los comercios por el censo, ya que en la ciudad a las 3 de la tarde ya había terminado el trabajo del censista”.
